El riesgo de la ignorancia ambiental

 

CONSUELO BILBAO

Y JAVIER CORCUERA -15/7/2024

Durante la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei manifestó que los recursos naturales pueden crear riquezas si los políticos no escuchan a las “minorías ruidosas” y a las organizaciones ambientalistas. Esta noción de promover la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental es la punta del iceberg del clima de época que emerge en la política argentina: una visión que retrocede décadas y que exhibe la riesgosa ignorancia de gran parte de nuestra dirigencia sobre las implicancias de la agenda climática global en el desarrollo económico y social, actual y venidero.

En el siglo XXI la gobernanza ambiental genera oportunidades y competitividad. Sin embargo, nuestro presidente avanza en su batalla cultural contra lo ambiental, replicada por algunos gobernadores. Esta visión es incluso un punto de articulación entre políticos provenientes de diferentes partidos e ideologías. Pero en realidad casi nunca es por ignorancia: parecería ser más bien por un opaco interés.

Así ocurre en la provincia de Chaco, cuya Legislatura aprobó la Ley N° 4005R que actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), por la cual se blanquean los desmontes ilegales y se violan leyes nacionales y tratados internacionales. La ley provincial chaqueña blanquea más de 400 mil hectáreas de recategorizaciones cuestionadas judicialmente y otorgadas durante la gestión 2015 a 2019. La legalidad (ilegal) es impulsada por el gobernador Leandro Sdero, un radical elegido con mandato de renovación, sobre actos de gobierno realizados por su opositor Capitanich.

Similar situación se avecina en Salta, cuya legislatura está a la espera de la actualización del OTBN realizado por el ejecutivo provincial, en el cual se agregarían unos casi 3 millones de hectáreas a una nueva y paradójica categoría de “conservación” que regularía el desmonte. Un mapa de OTBN que al igual que el chaqueño, iría contra los principios reconocidos en el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Hay más casos. En Santa Cruz, el mes pasado el gobernador envío un proyecto a la legislatura provincial que busca traspasar las competencias ambientales de control y monitoreo ambiental al área de energía y minería. En otras palabras, el zorro va a cuidar el gallinero.

Estas insólitas intervenciones sobre el marco regulatorio ambiental son justificadas por sus autores en nombre de la producción, tratando de revivir la vetusta dicotomía entre producción y ambiente, echándole la culpa de nuestra falta de riqueza al “ambientalismo”. Pero entonces ¿por qué las provincias que más han deforestado desde la década de los 90 hasta la fecha siguen liderando los rankings más bajos en el índice de desarrollo humano?

Contemplar la dimensión ambiental no es restringir el desarrollo, ni prohibir actividades. Es evaluar, monitorear y ordenar el territorio (qué, cómo y dónde) para garantizar que las actividades productivas no afecten el derecho a un ambiente sano consagrado en nuestra constitución nacional.

La dimensión ambiental hoy es una de las llaves para integrarnos al mundo. Así lo marcan los crecientes requisitos regulatorios ambientales en el comercio internacional: la Unión Europea, p.ej., ha prohibido la importación de productos que vengan de áreas deforestadas. Hay que avisar a los productores chaqueños y salteños. Los mercados también están yendo en esa dirección: grandes fondos financieros como BlackRock o Credit Suisse han señalado que la sostenibilidad es rentable y que el riesgo es quedarse afuera del crecimiento económico asociado a la descarbonización de la economía y la industria verde.

Los intentos de destruir nuestro marco regulatorio ambiental, que con tanto esfuerzo fue logrado por los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía, no traerán ninguna riqueza. Por el contrario, generarán mayor inseguridad jurídica, más conflictividad social y más pobreza. Nos va a costar demasiado caro.

Consuelo Bilbao es Directora del Círculo de Políticas Ambientales. Magister en Derecho y Economía del Cambio Climático. Javier Corcuera es Investigador, docente y consultor. Fue presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario de Ambiente del municipio de Pilar y director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.